Documentan hallazgo de 5,152 fosas clandestinas en México desde 2006

Un reciente análisis académico ha documentado el hallazgo de 5,152 fosas clandestinas distribuidas a lo largo del territorio nacional, cubriendo un periodo que abarca desde 2006 hasta el presente año. El estudio, que sistematiza registros de diversas fuentes, subraya la persistencia de la violencia y la dificultad para identificar a las víctimas en un contexto de crisis forense prolongada que ha afectado a múltiples entidades federativas.

El informe introduce el concepto de “zona gris” para caracterizar aquellos territorios donde las dinámicas de violencia presentan indicios de interacción entre actores estatales y grupos de la delincuencia organizada. Según los autores, este término busca describir la complejidad de la impunidad en regiones donde las autoridades locales se han visto rebasadas o presuntamente vinculadas con actividades ilícitas que facilitan la operación de los perpetradores.

La investigación destaca que la localización de estos puntos de inhumación ilegal ha sido posible, en gran medida, gracias a la labor constante de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Estas agrupaciones han recorrido diversos puntos del país, a menudo trabajando en condiciones adversas y sin el acompañamiento necesario por parte de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades competentes enfrentan el reto de coordinar acciones más eficaces para el procesamiento de estos sitios. La urgencia radica no solo en el hallazgo de los restos, sino en la capacidad técnica y científica de las instituciones para garantizar la identificación plena de las personas localizadas y brindar justicia a las familias afectadas.

El estudio concluye que la problemática trasciende las administraciones federales y requiere una política de Estado integral que fortalezca a los servicios forenses. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta estatal es señalado como el paso indispensable para romper el ciclo de violencia y opacidad que ha caracterizado la localización de fosas en las últimas dos décadas en México.