Gobierno retira capítulo sobre extranjerización de tierras por presión legislativa

El Gobierno Federal retiró este jueves el capítulo referente a la extranjerización de tierras de la iniciativa de reforma sobre propiedad privada, tras enfrentar una fuerte resistencia por parte de los bloques aliados en la Cámara de Diputados. La decisión, confirmada por fuentes del Ejecutivo, busca destrabar el avance de un paquete legislativo que el oficialismo considera prioritario para la administración actual.

La propuesta original planteaba modificar los límites vigentes sobre la posesión de terrenos por parte de capitales extranjeros, buscando flexibilizar los porcentajes permitidos en zonas estratégicas del territorio nacional. Sin embargo, la medida generó preocupaciones inmediatas entre diversos grupos parlamentarios, quienes advirtieron sobre los posibles riesgos para la soberanía nacional y el control de los recursos naturales en áreas protegidas.

Tras días de negociaciones intensas en los pasillos de San Lázaro, los coordinadores parlamentarios del oficialismo optaron por acotar el alcance del proyecto para evitar una fractura con sus aliados estratégicos. La estrategia ahora se centra en concentrar los esfuerzos en los puntos de mayor consenso, dejando de lado los aspectos más controversiales de la reforma agraria que habían impedido un acuerdo unánime hasta la fecha.

Voceros del bloque oficialista señalaron que la prioridad es mantener la cohesión de la coalición gobernante frente a los debates que se avecinan en el Senado de la República. Aunque el capítulo sobre tierras fue eliminado del texto principal, el equipo de trabajo del Ejecutivo no descarta presentar una propuesta técnica revisada en un futuro próximo, siempre que existan las condiciones políticas necesarias para su discusión.

Con este ajuste, el proyecto de ley continúa su curso parlamentario con un alcance más limitado, centrándose en la actualización de los registros de propiedad y la simplificación de trámites administrativos. La oposición, por su parte, ha visto este paso atrás como una señal de la fragilidad de las mayorías legislativas cuando se tocan temas sensibles relacionados con la tenencia de la tierra en México.