SCJN invalida facultades estatales para investigar y perseguir el delito de extorsión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este viernes que es inconstitucional que los congresos locales de las entidades federativas regulen la forma de investigar y perseguir el delito de extorsión. El pleno del máximo tribunal determinó que esta facultad recae exclusivamente en el Congreso de la Unión, al ser un delito que debe contar con una legislación procesal uniforme en todo el territorio nacional.

La controversia surgió a partir de reformas locales que buscaban implementar mecanismos específicos para combatir el cobro de piso y la extorsión en diversas regiones del país. Los ministros coincidieron en que la fragmentación normativa en materia de delitos de alto impacto genera incertidumbre jurídica y contradice el modelo nacional de justicia penal que busca estandarizar los procedimientos de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

Con este fallo, la SCJN establece un precedente obligatorio para todas las entidades federativas, invalidando cualquier disposición local que pretenda establecer procedimientos penales distintos a los marcados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La decisión busca evitar que la persecución del delito dependa de las variaciones legislativas de cada estado, asegurando que la estrategia de seguridad pública se mantenga bajo un marco jurídico coherente y centralizado.

Expertos en derecho constitucional señalaron que esta resolución no impide que los estados colaboren con las autoridades federales en tareas de inteligencia o prevención, pero subraya que la competencia legislativa para tipificar y definir los procedimientos de investigación es de carácter federal. El impacto de esta sentencia obligará a los congresos estatales a realizar ajustes en sus leyes locales para alinearse con la interpretación del máximo tribunal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha mantenido una postura de coordinación con las entidades para fortalecer el combate a la delincuencia, sin embargo, la Corte ha dejado claro que el orden constitucional mexicano delimita con precisión las atribuciones de cada nivel de gobierno. La sentencia busca fortalecer la eficacia operativa de las instituciones encargadas de la procuración de justicia ante la creciente incidencia de este ilícito que afecta a sectores productivos del país.