SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los tribunales federales y estatales tienen la obligación de juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. Este fallo establece que dicha metodología no es una opción discrecional para los jueces, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en contextos donde la labor de defensa expone a las víctimas a riesgos diferenciados.

La decisión judicial subraya que, al investigar desapariciones de activistas, las fiscalías y juzgadores deben considerar las condiciones de vulnerabilidad específicas derivadas de su género y de su entorno social o político. La Corte precisó que la interseccionalidad permite identificar cómo convergen diversas formas de discriminación, lo que resulta fundamental para desarticular las redes de violencia que suelen silenciar a quienes defienden causas ambientales, territoriales o de derechos civiles en las distintas entidades federativas.

Este criterio jurídico obliga a las autoridades ministeriales a reconstruir las líneas de investigación considerando el impacto que la actividad de la persona desaparecida tuvo en su entorno inmediato. Según la resolución, ignorar estos elementos constituye una falla procedimental que perpetúa la impunidad y revictimiza a los familiares, quienes han señalado durante años la falta de protocolos especializados que reconozcan los riesgos específicos de las mujeres que ejercen el activismo.

La sentencia también enfatiza que la perspectiva de género debe aplicarse desde las primeras etapas de la carpeta de investigación, evitando prejuicios que minimicen las causas de la desaparición. Con este precedente, la SCJN busca estandarizar la actuación judicial ante la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos estatales, asegurando que el análisis de contexto se convierta en una herramienta obligatoria para esclarecer los hechos.

Finalmente, organizaciones de la sociedad civil han calificado este avance como un paso necesario para fortalecer el Estado de derecho en México. Se espera que este marco normativo impacte directamente en la atención de expedientes pendientes, obligando a una revisión exhaustiva de las pruebas y testimonios para evitar que los casos de violencia contra defensoras sigan siendo tratados como delitos comunes sin una visión integral de derechos humanos.