Extorsión afecta hasta 5% de la cadena productiva del aguacate en México
El pequeño comercio exige integrar la exportación de aguacate en la estrategia de seguridad nacional ante la creciente extorsión en Michoacán.

La extorsión a productores y comercializadores de aguacate en Michoacán ha alcanzado niveles críticos, impactando hasta en un 5% el costo operativo de la cadena de valor en este 2026. Representantes del pequeño comercio han señalado que este delito, perpetrado por grupos delictivos que controlan huertas y rutas de transporte, encarece el producto final antes de su llegada a los mercados nacionales e internacionales, incluyendo la alta demanda de la temporada previa al Super Bowl.
Ante este escenario, diversas cámaras comerciales han propuesto que la exportación de aguacate sea incorporada formalmente en la estrategia de seguridad liderada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La propuesta busca que la Guardia Nacional y las autoridades estatales implementen protocolos de vigilancia específicos en las zonas de carga y corredores logísticos, con el fin de reducir la injerencia de actores externos en la comercialización del fruto.
Los productores han manifestado que la falta de condiciones de seguridad afecta la competitividad del sector frente a mercados internacionales. Aunque se han entablado mesas de diálogo con autoridades locales, el sector exige un esquema de protección integral que trascienda la seguridad en las huertas y abarque toda la cadena de distribución hasta los puntos de salida del país, bajo una coordinación más estrecha con la Secretaría de Economía.
La preocupación del sector se intensifica al aproximarse fechas clave para el consumo masivo, donde el volumen de exportación aumenta considerablemente. El gremio sostiene que la intervención federal es necesaria para garantizar que los beneficios económicos de la industria aguacatera no sean desviados por actividades ilícitas que fracturan la economía regional y nacional.
Finalmente, la propuesta de los comerciantes incluye la creación de un mecanismo de denuncia segura y anónima que permita a los trabajadores del campo reportar irregularidades sin temor a represalias. Esta iniciativa pretende ser presentada ante la Cámara de Diputados para analizar la viabilidad de un despliegue operativo más robusto que blinde la producción agroalimentaria más importante de la entidad michoacana.
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