México Negro

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Vol. XVII · Núm. 668
Economía

Fiscalía de Estados Unidos acusa de tráfico de fentanilo a colaborador de Los Chapitos

Iván Valerio enfrenta cargos en tribunales estadounidenses por tráfico de fentanilo y uso de armas tras su captura en Sinaloa el pasado enero.

Redacción México Negro
Foto: forbes.com.mx

La Fiscalía de Estados Unidos formalizó cargos contra Iván Valerio, señalado como uno de los principales suministradores de precursores químicos para la facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con el documento judicial presentado por las autoridades estadounidenses, el imputado enfrenta acusaciones por tráfico de fentanilo a gran escala y uso ilícito de armas de fuego durante sus actividades delictivas.

El arresto de Valerio ocurrió el pasado 19 de enero en el estado de Sinaloa, durante un operativo coordinado por las fuerzas de seguridad federales. En aquella acción, las autoridades mexicanas lograron la detención de diversos socios operativos que, según las investigaciones, colaboraban estrechamente en la logística de distribución y manufactura de sustancias sintéticas destinadas al mercado extranjero.

Desde su captura, el Gobierno de México ha mantenido una colaboración institucional con las agencias estadounidenses para el intercambio de información sobre las redes de trasiego de drogas. Este caso se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para desarticular los eslabones de la cadena de suministro que operan en diversas regiones del país.

Los fiscales estadounidenses detallaron que las actividades de Valerio incluían el manejo de armas de alto calibre para proteger los centros de acopio y las rutas de transporte. La acusación refuerza la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos de perseguir a los colaboradores clave que facilitan la producción de opioides sintéticos que cruzan la frontera norte.

Por el momento, las autoridades mexicanas continúan con los procesos legales correspondientes derivados del operativo de enero. Se espera que, tras los acuerdos de cooperación binacional, las instituciones mantengan el flujo de datos necesario para avanzar en los procesos judiciales tanto en territorio nacional como en las cortes de Estados Unidos.

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