Human Rights Watch advierte sobre retrocesos democráticos en México

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este viernes un análisis donde coloca a México entre las naciones con mayores retrocesos democráticos en el ámbito regional. El informe destaca una contradicción significativa entre el discurso que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta ante organismos internacionales y la realidad que enfrentan las instituciones mexicanas en el interior del país.

De acuerdo con la ONG, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las presiones ejercidas sobre organismos autónomos son factores que han erosionado el Estado de derecho en los meses recientes. La organización subraya que, mientras el gobierno federal mantiene una retórica de defensa de la soberanía y los derechos humanos en foros globales, en el ámbito local se han documentado dificultades para el ejercicio pleno de las libertades civiles y la independencia judicial.

El reporte enfatiza que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, específicamente la SCJN, ha sido un punto de tensión constante. HRW sostiene que las iniciativas para reformar el sistema de justicia y la estructura del INE han generado preocupaciones sobre la autonomía de estas instituciones, fundamentales para mantener el equilibrio democrático en México.

Por su parte, el equipo de la administración federal ha señalado en diversas ocasiones que las políticas actuales buscan fortalecer la representatividad y la justicia social en favor de los sectores más vulnerables. Argumentan que los procesos de cambio institucional son parte de una transformación profunda que busca corregir vicios del pasado y no representan, bajo su perspectiva, una amenaza a la democracia nacional.

Finalmente, la organización internacional instó a las autoridades mexicanas a garantizar un diálogo más abierto con la sociedad civil y los organismos de derechos humanos. El llamado busca que el gobierno de Sheinbaum armonice su política interior con los compromisos internacionales que México ha suscrito, asegurando la protección de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos sin distinción.