Venta ilegal de tabaco impacta finanzas públicas con pérdidas millonarias

La venta de tabaco ilegal en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para el erario público, una cifra que persiste a pesar de los constantes incrementos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según datos analizados por investigadores del Colegio de México (Colmex), este fenómeno se ha consolidado como un desafío crítico para las autoridades hacendarias, que ven cómo la evasión fiscal erosiona los ingresos tributarios proyectados para el ejercicio fiscal 2026.

El mercado negro ha desarrollado una estrategia operativa mixta que combina el contrabando de mercancía extranjera con la fabricación clandestina dentro del territorio nacional. Esta dualidad genera una competencia asimétrica para las empresas debidamente establecidas, las cuales cumplen con las normativas sanitarias y fiscales vigentes, mientras enfrentan productos que no garantizan controles de calidad y se comercializan a precios significativamente menores en mercados informales.

Especialistas del Colmex señalan que el modelo delictivo ha logrado penetrar diversas cadenas de suministro, aprovechando rutas de distribución que dificultan la fiscalización por parte de las autoridades federales. La falta de un registro oficial sobre los puntos de venta informales complica las labores de inteligencia, permitiendo que el tabaco ilícito se posicione rápidamente en zonas urbanas y rurales, desplazando a los productos que sí pagan las cuotas impositivas correspondientes.

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Guardia Nacional mantienen esfuerzos coordinados para detectar el ingreso de cargamentos irregulares y la operación de plantas procesadoras sin licencia. No obstante, la complejidad del entramado logístico empleado por grupos delictivos sugiere que la estrategia de recaudación debe ser complementada con una mayor vigilancia en las aduanas y un fortalecimiento en la coordinación con los gobiernos estatales para desmantelar la red de comercialización a nivel municipal.

La persistencia de esta problemática pone en relieve la necesidad de ajustar las políticas públicas más allá de la carga impositiva. La academia sugiere que, sin una intervención integral que contemple la seguridad en las cadenas de suministro y una política de precios más estratégica, la brecha fiscal continuará expandiéndose, afectando los recursos destinados a programas sociales y proyectos de infraestructura prioritarios para la administración federal actual.